Conferencia The Public Voice. (Promoviendo el dialogo entre ONG´s y la Autoridad de Protección de Datos)

En el recientemente concluido encuentro de The Public Voice, hemos recibido de twiteros y blogueros excelentes aportes en relación a la situación actual de las Autoridades de Protección de Datos (APD) y las ONG´s. (#thepublicvoice).

Por un lado se observa la experiencia recogida en E.E:U.U., donde según David Vladeck  de la Federal Trade Comission se reciben 1,3 millones de denuncias al año. Realmente mucho trabajo. Afortunadamente disponen de un sistema informático adecuado para recibir y procesar adecuadamente semejante volumen de denuncias.

Giovanni Butarelli de Italia, sostiene que las ONG´s deberían utilizar las herramientas disponibles, iniciando denuncias ante la APD por violaciones a la privacidad y protección de datos personales.

Pero de acuerdo a Jaqueline Peschard (Presidente de IFAI, México) afirmó que a pesar de que en ese país no hay ONG´s que esten actualmente interesadas en colaborar con la APD, se esta buscando una mayor cooperación con las mismas. Es que sostuvo que las ONG´s tienen la potencialidad de ofrecer un buen contrabalance al poder de la industria. 

En Brasil y Argentina, se observa la misma falta de colaboración y protagonismo de la actividad de ONG´s, en el campo de la privacidad y protección de datos.

Por su parte, sostuvo Cristos Velasco de NACPEC, que no es que haya falta de interes de las ONG´s, sino que es necesario fijar una política para financiar adecuadamente la actividad de estas organizaciones, para que sean creibles en sus propuestas.

El debate, por cierto muy interesante, nos muestra que existe en latinoamérica un largo camino por recorrer para lograr un mejor nivel de privacidad y control de datos personales, gracias a la actividad de las ONG´s. 

Creemos que deberemos apelar en consecuencia a  nuestra capacidad de conversar y-o asesorar a las organizaciones existentes para advertirlas sobre la potencialidad que su participación activa en cuestiones de privacidad y protección de datos puede llegar a tener.

Habrá que buscarle la vuelta, tal como nuestra realidad latinoamericana siempre nos ha enseñado.

Conferencia The Public Voice. Alessandro Acquisti - Discounting the Past: Bad Weighs Heavier than Good

Por algunos problemas técnicos, no hemos podido seguir los paneles de la conferencia realizados por la mañana.
Sin embargo, de los tweets de otros colegas, me pareció muy interesante la exposición del Profesor Alessandro Acquisti, de la Universidad Carnegie Mellon.

El panelista expuso sobre su trabajo de investigación en el cual intenta probar que tenemos maneras diferentes de descartar la información. La información positiva se olvidar con más facilidad que la negativa.

El trabajo se puede obtener en: "Discounting the Past: Bad Weighs Heavier than Good".

Francia asegura el "Derecho al Olvido" en Internet

En una reciente publicación en el blog del estudio Hunton & Williams, se informa sobre la adopción por parte del gobierno francés de dos Códigos de Buenas Prácticas que regulan por un lado el llamado droit à l’oubli numerique o derecho al olvido digital y por otro una guía de buenas prácticas para la publicidad personalizada y protección del usuario en internet.

- Código de Buenas Prácticas en Publicidad Personalizada y Protección de Ususarios en Internet (“Charte sur la publicité ciblée et la protection des internautes”)

- Código de Buenas Práctivas en el Derecho al Olvido en Redes Sociales y Motores de Búsqueda (“Charte du Droit à l’oubli dans les sites collaboratifs et les moteurs de recherche”)

Estos Códigos son el resultado de la campaña iniciada en noviembre de 2009 por Nathalie Kosciusko-Morizet, Secretaría de Estado para la Economía Digital de Francia, que tuvo por objetivo asegurar el derecho al olvido en internet.

Seguramente, el Presidente de la CNIL, Alex Turk aportará mayor información al respecto en el panel "Right to Oblivion" que presidirá en la 32º Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos Personales y Privacidad que se llevará a cabo en Jerusalén del 27 al 29 de octubre de este año.

Conferencia de Privacidad de la ONG The Public Voice en la Ciudad de Jerusalén

El próximo 25 de octubre se llevará a cabo en la ciudad de Jerusalén el evento denominado "Next Generation Privacy Challenges and Opportunities", organizada por la coalición de organizaciones de consumidores y organismos de la sociedad civil, The Public Voice.  Este evento será transmitido en vivo mediante videostream desde la página http://thepublicvoice.org/.

El último panel expondrá sobre el tema relativo a la cooperación y dialogo entre las ONG`s y la Autoridad de Protección de Datos Personales.

En la Argentina se observa poca actividad de estas organizaciones en el campo de la protección de los datos personales.

Es de destacar que según la normativa que regula el procedimiento sancionador de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, las Asociaciones de Consumidores están expresamente legitimadas para formular denuncias (cfr. art. 1º.a) del Decreto 1160/2010).

Por su parte en el ámbito judicial, se observa un fallo de la Sala E de la Cámara Nacional de Apelacione en lo Comercial: "Unión de Usuarios y Consumidores c/ Citibank N.A. s/ Sumarísimo", que constituye un valioso antecedente jurisprudencial del año 2006. Admitió el Tribunal la representación colectiva de las asociaciones de consumidores y el consiguiente efecto erga omnes que la actividad de estas organizaciones no gubernamentales pueden obtener.

A pesar de contar con estos valisosos antecedentes, no he encontrado en la Argentina antecedentes de denuncias de ONG´S en la DNPDP, ni otros logros judiciales además del señalado.

De tal modo la exposición del último panel del programa, será de gran utilidad a fin de advertir los avances en este campo en el contexto internacional .

Bloguearé y tweetearé sobre este panel en este blog y en twitter @manupardi, en español .(RAE perdón por utilizar verbos inexistentes en la lengua española!).

A continuación el programa con traducción propia:

 

Programa “Desafíos y Oportunidades para la Privacidad de la Próxima Generación”

9:00 Bienvenida

Lillie Coney, EPIC (USA)
Yoram Hacohen, Director, ILITA

9:30 "La Declaración de Madrid: Un año después"

Hace un año, organizaciones de la sociedad civil, propusieron y se adoptó en Madrid “La Declaración de Privacidad de Madrid”, que reafirma normas de privacidad internacionales, identifica nuevos desafíos, y explicita objetivos. Este panel revisará los progresos desde entonces.

Moderador: Pablo Molina, Georgetown University Law Center (ESP)

Gus Hosein, Privacy International (GBR)
Rafael García Gozalo, Agencia Española de Protección de Datos (ESP)
Katitza Rodriguez, Electronic Frontier Foundation (PER)
Jennifer Stoddart, Privacy Commissioner, Canada (CAN)
Peter Schaar, Federal Commissioner for Privacy (GER)
[NGO]

10:30 Discusión abierta sobre Campañas de Privacidad y Nuevos Asuntos.

Este panel revisará algunas estrategias clave para las campañas de publicidad, y resaltará los logros desde el año pasado. Los participantes de la conferencia serán alentados a compartir sus ideas y experiencias.

Moderador: Simon Davies, Privacy International (GBR)

11:00 "Asuntos de Privacidad emergentes"

Las nuevas tecnologías presentan nuevos desafíos para la protección de la privacidad. Ejemplos de ello son las redes eléctricas inteligentes, registros médicos electrónicos, venta on-line, publicidad en celulares, rastreo de geo localización, minería de datos, etiquetas RFID. Este panel  explorará los desafíos clave y la respuesta de las organizaciones civiles.

Moderador: Prof. Kristina Irion, Center for Media and Communication Studies (HUN)

Alessandro Acquisti, Carnegie Melon University (ITA)
Amit Ashkenazi, ILITA (ISR) *
Shahid Buttar, Bill of Rights Defense Committee (USA) *
Jeff Chester, Center for Digital Democracy (USA)
Michiel Karskens, Consumentenbond (NLD)
Lee Tien, EFF (USA)
Cristos Velasco, North American Consumer Project on Electronic, Commerce (MEX)

12:30 Discusión de Almuerzo

"Biometría, Identidad y Privacidad"
Adi Shamir, Weizmann Institute (ISR) *

14:00 "Estableciendo un marco Internacional para la Protección de la Privacidad"

Aún con la celebración del 30º aniversario de las Guías de Privacidad de la OECD, hay un interés creciente en el marco internacional para la protección de la privacidad que ayudará a asegurar los derechos de privacidad fundamentales. Este panel revisará los diversos marcos para la protección de la privacidad, y explorará las diversas nuevas oportunidades, incluyendo el “Acuerdo sombrilla” además  de cuestiones de privacidad en países en desarrollo.

Moderador: Prof. Julie Cohen, Georgetown University Law (USA)

Kirsten Bock, Office of Data Protection Schleswig-Holstein (GER)
Marie-Hélène Boulanger, European Commission (FRA)
Rajan R. Gandhi, Society in Action Group (IND)
Jaiok Kim, Consumers Korea (KOR)
Spiros Simitis, Goethe-University, Frankfurt (GER) *
Nigel Waters, Australian Privacy Foundation (AUS)

15:00 "La campaña contra los scanners de cuerpo y tarjetas de identidad biométrica”

Hay una creciente oposición al uso de scanners de cuerpo completo e identidad biométrica. Organizaciones de libertades civiles, expertos en salud y organizaciones religiosas, han dejado en claro sus argumentos contra estos scanners y tarjetas de identificación biométrica. Este panel explorará estas preocupaciones y discutirá los próximos pasos a seguir.

Moderador: Prof. Jeffrey Rosen, author (USA)

Rocco Bellanova, Vrije Universiteit (BEL)
Malavika Jayaram, Jayaram and Jayaram (IND)
Avner Pinchuk, Association for Civil Rights in Israel (ISR)

16:00 "Promoviendo el dialogo entre ONGs y las Autoridades de Protección de Datos"

Resulta crítico para el progreso de la privacidad la comunicación entre ONGs y las Autoridades de Protección de Datos Personales. Este panel examinará el rol de las campañas, peticiones y denuncias; cómo las ONGs, pueden ayudar a formar resultados políticos y cómo las autoridades de protección de datos pueden responder a estas preocupaciones públicas.

Moderador: Anna Fielder, TACD, Privacy International (UK)

Giovanni Buttarelli, EDPS (ITA) *
Alexander Dix , Commissioner for Data Protection and Access to Information, Berlin (GER)
Monique Goyens, BEUC (BEL) *
David Vladeck, Federal Trade Commission (USA)
Jacqueline Peschard Mariscal, Commissioner President, Access to Information and Data Protection (MEX)

Congreso Internacional de Derecho y Tecnología en la Universidad Blas Pascal

El próximo 14 y 15 de octubre se llevará a cabo en la Universidad Blas Pascal, un Congreso Internacional de Derecho y Teconología con destacados conferencistas y temas.

A continuación el programa de conferencistas y temas:

Día 1 - Jueves 14 de octubre
Conferencistas	Horario	Tema
Rector de la UBP, Directores Ejecutivos del Congreso: Waldo Geremia y Matías Altamira.	09:10 a 09:30	Apertura del Congreso
Waldo Geremia y Matías Altamira	09:30 a 10:30	La sociedad virtual y el Derecho. Nuevos paradigmas.
Coffee Break	10:30 a 11:00
MÓDULO I: Seguridad de la Información Vs. Derechos del Trabajador: ¿Cómo protejo mi información sensible y a mi sensible trabajador?
Alberto Soto	11:00 a 12:00	Estrategias para conjugar productividad y seguridad
Danilo Doneda	12:00 a 13:00	Datos personales - redes sociales
Almuerzo	13:00 a 14:30	( Libre )
MÓDULO 2: Redes Sociales Vs. Información Personal: ¿Siguen siendo míos, mis datos en tu red social?
Martin Frascarolli y Matías Altamira	14:30 a 15:30	Nuevos formatos: + creatividad, + posibilidades, + desafios
Coffee Break	15:30 a 16:00
Marta Astaco y Hernán Santiso	16:00 a 17:30	Defensa de Usuarios
Julio Ardita	17:30 a 18:30	Experiencias en el manejo de incidentes de seguridad

Día 2 - Viernes 15 de octubre
Conferencistas	Horario	Tema
MÓDULO 3: Libertad de Expresión Vs. Derechos del Anónimo “Nick” ¿Tiene Derechos quien no firma sus dichos?
Ezequiel Sallis y Cédric Laurant	09:00 a 11:00	Efectos jurídicos y de seguridad de las redes sociales en el ámbito laboral y las medidas prácticas que se pueden tomar para controlarlos basado en experiencias
Coffee Break	11:00 a 11:30
Pablo Molina	11:30 a 12:30	Dimensiones legales y tecnicas de la expresion anonima y la difamacion en redes sociales, blogs y otros foros virtuales, desde una perspectiva estadounidense.
Eduardo Torres	12:30 a 13:30	Cloud Computing
Almuerzo	13:30 a 15:00	( Libre )
MÓDULO 4: Creaciones Intelectuales “Las Mías, las Tuyas y las Nuestras” ¿Quién conoce al creador?
Pedro Huichalaf	15:00 a 16:00	Rol de la Sociedad Civil en la generación de Políticas Públicas Tecnológicas por el Estado de Chile
Coffee Break	16:00 a 16:30
Lila Pagola	16:30 a 17:30	Copyleft,cultura libre y arte
Gilberto Almeida	17:30 a 18:30	Propiedad Intelectual
CIERRE DEL CONGRESO	18:30 a 18.45

Desenmascarando al autor de difamación on line en los E.E.U.U.

En el artículo que más abajo se acompaña, Not So Brave New World: Unmasking Anonymous Online Defamation, se realiza un análisis de antecedentes jurisprudenciales, en relación a los requisitos para que un Juez ordene las diligencias tendientes a desenmascarar al autor de un comentario anónimo en blogs o redes sociales.

Se destaca que en ese país, existe el derecho constitucional a la libertad de expresión y a permanecer en el anonimato (Ver McIntyre v. Ohio Elections Commission (1995) 514 U.S. 334, 342. 

Sin embargo si la parte requirente cumple una serie de requisitos en cuanto a la viabilidad del planteo, se pueden ordenar diligencias con terceras partes para lograr desenmascarar al autor anónimo. 

El precedente Quixtar analizado por el autor Julian Biggs, demuestra una limitación a la posibilidad de permancer en el anonimato para los casos en que se realicen discursos destinados exclusivamente a la difamación comercial de una firma, diferenciando la naturaleza de la difamación comercial  con el discurso político. 

Para los casos de difamación comercial, los requisitos para lograr la orden de desenmascaramiento serán menores, aunque no exentos de los inconvenientes multiples que este tipo de casos usualmente presentan.

A continuación el artículo completo, 

Manuel Pardi

Not So Brave New World: Unmasking Anonymous Online Defamation

Julian Biggs

The explosion of "Web 2.0" phenomena — like social media, blogs, and product review sites — has brought with it a deluge of published material that is arguably defamatory or otherwise actionable.

While some actually welcome this development — preferring the web to be, and remain, "a frontier society free from the conventions and constraints that limit discourse in the real world," (see Lidsky, Silencing John Doe: Defamation & Discourse in Cyberspace (2000) 49 Duke L.J. 855, 863) — many others do not: especially those worried about the potential impact of disparaging online material on their corporate reputation.

Also See: FULL Expert Archive

But many of those troubled by the threat to corporate reputation from defamatory online content also have discovered that mitigating its effect, or getting it removed, is far from easy.

Webmasters are generally unwilling to remove defamatory material for the same reason they allow it to be posted in the first place: because their business model requires a growing pool of unpaid content contributors, whom they fear will abandon them for a competitor should they appear to "side" with the object of disparaging remarks. (This business model is facilitated, of course, by the fact that online publishers enjoy immunity from vicarious liability for defamatory content under Section 230 of the Communications Decency Act [See 47 U.S.C. § 230].)

Sometimes, instances of online disparagement can satisfactorily be addressed using emerging Web 2.0-inspired approaches, such as "authentic engagement" with the online community or SEO tactics aimed at pushing negative content lower down on search engine results.

Other times — for example, where the defamatory content is especially egregious, or is part of a stealth campaign by a rival corporation or interest group, or stems from an intransigent scofflaw — the only opportunity for relief may be the courts.

But if action in the courts is indicated, an immediate challenge arises in identifying the material's anonymous (or pseudonymous) author.

And although an anonymous online commenter's true identity can usually be obtained by issuing third-party "John Doe" subpoenas to discover the records kept by their ISP and host web site, a plaintiff's right to obtain that discovery from those third parties may be obstructed by the defendant's Constitutional right to remain anonymous. (See McIntyre v. Ohio Elections Commission (1995) 514 U.S. 334, 342 ["an author's decision to remain anonymous, ... , is an aspect of the freedom of speech protected by the First Amendment."]); see also Reno v. Am. Civil Liberties Union (1997) 521 U.S. 844, 870 [making clear that the right applies in the Internet context].)

As a result, for the past dozen or so years, state and federal trial courts throughout the country have attempted to balance these conflicting rights by requiring that plaintiffs make a preliminary showing before being permitted to discover an anonymous defamation defendant's identity. At least three different versions of that test are in regular use today.

The Three Alternative Standards/Tests for Plaintiffs to Meet.

The earliest of these tests, and the one most easily satisfied, requires the plaintiff to show that the action could survive a hypothetical motion to dismiss. (See, e.g., Columbia Ins. Co. v. Seescandy.Com, 185 F.R.D. 573 (N.D. Cal. 1999).)

In Dendrite Int'l v. Doe No. 3, 775 A.2d 756 (N.J. Super. App. Div. 2001), however, the New Jersey Court of Appeals enhanced this requirement by applying a prima facie case test.

Under the "streamlined" version of this Dendrite test later applied, for example, in Highfields Capital Mgmt., LP v. Doe, 385 F. Supp. 2d 969 (N.D. Cal. 2005), the plaintiff must adduce evidence supporting a prima facie case on all elements of its claim, and the court must determine that enforcing the subpoena "would cause relatively little harm to the defendant's First Amendment and privacy rights" and is "necessary to enable plaintiff to protect against or remedy serious wrongs." (See Highfields Capital Mgmt., supra, at 975-76).

This version of the test also was applied in the leading California state court opinion on the subject. (See Krinsky v. Doe 6 (2008) 159 Cal.App.4th 1154.)

Finally, some courts have applied a more exacting test under which the plaintiff must demonstrate that its action could survive a hypothetical motion for summary judgment. (See, e.g., Doe v. Cahill, 884 A.2d 451 (Del. 2005); Sinclair v. TubeSockTedD 596 F.Supp.2d 128 (D.D.C., 2009); Best Western Int'l, Inc. v. Doe, 2006 WL 2091695, at *4-5 (D.Ariz. July 25, 2006).)

Because this trial-level practice typically arises in the context of an interlocutory discovery dispute, it is rarely subjected to appellate review. Recently, however, the Ninth Circuit Court of Appeals had an opportunity to weigh in on the subject in responding to a writ petition filed in a case titled In re Anonymous Online Speakers (9th Cir. 2010) 611 F.3d 653 (hereinafter "Quixtar").

The Ninth Circuit's Analysis of the Anonymity Issue in Quixtar.

In Quixtar, the plaintiff accused several Doe defendants, inter alia, of waging a campaign of disparagement, disguised as spontaneous "grassroots" behavior, by using anti-competitive Web 2.0 practices such as "sock-puppetry," "negative astroturfing," and "online fraudience."

Believing that a series of defamatory anonymous comments made pseudonymously on five different blogs were actually made by officers, employees, or agents of defendants' rival company, it therefore sought disclosure of the authors' true identities. When the trial court issued an order permitting that discovery, the Doe defendants petitioned the Court of Appeals for a writ to vacate the lower court's order.

After reviewing the various tests applied by the trial courts, the Quixtar Court held the lower court's application of the Cahill motion for summary judgment test was inappropriate in this circumstance, because the speech at issue in Quixtar was commercial in nature.

Given the importance of political speech in the history of this country, it is not surprising that courts afford political speech the highest level of protection. Meyer v. Grant, 486 U.S. 414, 422, 425 (1988) (describing the First Amendment protection of "core political speech" to be "at its zenith"). Commercial speech, on the other hand, enjoys "a limited measure of protection, commensurate with its subordinate position in the scale of First Amendment values," Bd. of Trustees of SUNY v. Fox, 492 U.S. 469, 477 (1989), ... .

(Quixtar at *2.)

Where commercial speech is at issue, the court held, the Cahill test requires too much of a showing by the plaintiff. (Quixtar at *6.)

Although the court in Quixtar found the lower court's error here was harmless (as it found for the plaintiff despite the overly harsh test), it made it quite clear that if the trial court's decision had gone the other way, its application of the wrong test could have rendered that decision reversible.

The Court of Appeals' opinion provides valuable guidance to trail level courts as to which test should apply in any particular case.

In particular, it asserted two important governing principles: that the major driver in that choice should be the nature of the anonymous speech at issue; and that anonymity warrants far less First Amendment protection — and a less demanding test for the plaintiff — when it covers commercial rather than non-commercial speech. (See Quixtar at *6, citing Perry v. Schwarzenegger, 591 F.3d 1147, 1160-61 (9th Cir.2010).)

Conclusion

The Ninth Circuit's holdings in Quixtar — that the nature of the speech at issue drives the choice of test to apply in protecting an author's anonymity, and that this protection is significantly lower where the speech is commercial rather than non-commercial — promise to remain extremely influential, at least until the Supreme Court offers a contrary view.

This is not only because Quixtar, for reasons explained above, will likely remain one of the few appellate-level opinions on this subject, but also because many of the likely subpoena targets for plaintiffs seeking to unmask the anonymity of online commenters (such as Yahoo!, Google, etc.) are physically located within the Ninth Circuit region, where motions to quash those subpoenas must therefore be brought and adjudicated.

However, there are significant practical difficulties in implementing the Ninth Circuit's guidance.

For example, basing the choice of test to apply on the nature of the anonymous speech at issue is problematic where the true nature of the speech cannot be determined until after the author's identity is revealed.

It is far from clear, therefore, what test a court should apply in a case where deception is alleged — for example, the increasingly common practice of competitor companies waging reputation attacks by using online anonymity to masquerade as unhappy customers (as was allegedly the case in Quixtar). This and other Web 2.0 practices threaten to fatally undermine the Ninth Circuit's intended approach.

While much is still unclear in this complex and emerging area of law, a good practices protocol for corporate and litigation counsel responding to cases of online disparagement is beginning to emerge:

First, an important initial step in dealing with online disparagement is conducting a "forensic" investigation into its source, to determine whether the disparagement is commercially motivated.

Second, where evidence suggests that the disparagement is commercially motivated, any subsequent legal action should likely be founded on unfair competition law, or claims of tortious interference, rather than simply "defamation," as this will more accurately oppose a reputational attack by an undercover competitor, and provide a sounder basis for unmasking their identity.

Third, where the investigation does not suggest the disparagement is commercial in nature, the best approach for the company may be to don a thick skin, embrace the episode as an expression of our freedom-of-speech based way of life, and work closely with corporate communications to "authentically engage" the debate, rather than "correct" it.

Like it or not, the cases indicate that courts are unwilling to strip an author's right to anonymity for non-commercial speech, unless the disparagement is truly egregious.

What is abundantly clear, however, is that in all cases, challenges arising from the Web 2.0 paradigm should be addressed by an integrated, multi-disciplinary approach — an approach that combines a sophisticated comprehension of the cutting-edge legal issues involved, with traditional PR expertise, and a genuine command of this new technological landscape.

Julian Biggs is an attorney and principal at Bastion Flyte (http://bastionflyte.com/), a consultancy providing strategic advice and guidance to industry for managing online reputational crises. He can be reached at b@bastionflyte.com.